El perito caligrafos dictamina sobre
la veracidad o no del grafismo
, con atribución o
exclusión de la autoría del mismo. La pericia caligráfica averigua quien es el
autor mientras que la grafología estudia como es el autor.

La grafalogía en general es una herramienta de gran utilidad actualmente,
considerandose una disciplina científica de mucha ayuda como para la selección
de personal, reubicaciones dentro de la empresa, en aréas personales,
orientación vocacional, conocimiento individual, veracidad de documentos...



A través de la escritura o firma se pueden conocer muchos aspectos personales ,
ayudándonos en multitud de decisiones profesionales y privadas.



Contamos con un equipo de profesionales grafólogos y peritos caligráficos con
amplia experiencia.

 

 

A)  PERICIA CALIGRÁFICA:

 

I) LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

Dentro de la legislación española hay que distinguir principalmente dos tipos de procedimientos en el campo de la prueba pericial:

1) En el procedimiento civil, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, que en el libro II referente a los Procesos Declarativos, capítulo VI “De los medios de prueba y las presunciones”, sección 5ª “Del dictamen de peritos”, dedica 17 artículos (desde el 335 hasta el 352) a regular y concretar la actuación de los peritos.

2) En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y actualizada por sucesivas modificaciones hasta el momento actual .Concretamente en su libro II “Del Sumario” , título V “De la comprobación del delito y averiguación del delincuente!, capítulo VII “ Del informe pericial”, dedica 20 artículos (desde el 456 hasta el 485) al desarrollo de la actividad pericial en el ámbito penal.

Como concepto general y común tanto en el ámbito civil como el penal la prueba pericial es un medio de prueba en virtud de la cual, una persona con conocimientos especializados o técnicos y ajeno al proceso, asesora al órgano jurisdiccional para que pueda valorar la naturaleza de la prueba. Por lo tanto, es fundamental un saber especializado por parte del perito y una necesidad por parte del juez de esos conocimientos especializados que él mismo no posee, para cada caso concreto.

En el ámbito penal, concretamente en el artículo 456 de la LECr expone: “El juez acordará el informe pericial cuando para conocer algún hecho o circunstancia del sumario fueran necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos”

En la vía penal, el nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio y los peritos que presten informe en virtud de orden judicial, tendrán derecho a reclamar los honorarios e intereses justos si no tuviesen en concepto de tales peritos retribución fija satisfecha por el Estado, provincia o municipio. Todos los peritos nombrados por el juez, antes de empezar el acto pericial prestarán juramento de proceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad.

Así mismo el Juez deberá facilitar a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia que se les encomiende.

La LECr, a diferencia de la LEC, dedica un artículo, el 478, a regular el informe pericial y sus partes. Por un lado deberá contener la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle. En segundo lugar, deberá constar de una relación detallada de todas las operaciones practicada por los peritos y de sus resultados y en tercer lugar se tendrá que llegar a unas conclusiones.

En el procedimiento abreviado, a diferencia del sumario que son necesarios dos peritos, el informe pericial podrá ser prestado sólo por un perito (art. 788.2)

Centrándonos ahora en la prueba pericial en el ámbito civil, que es donde los peritos privados realizan su labor mayoritariamente, es preciso destacar que con la nueva ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, se introdujeron unos cambios, unos más acertados que otros y es precisamente en el ámbito de la prueba pericial donde más se innovó.

Concretamente en el artículo 335 de dicha ley se determina el objeto y finalidad del dictamen pericial exponiendo que la prueba pericial tendrá lugar cuando sean necesarios conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto. Para ello las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o bien, solicitar en los casos previstos en esta ley que se emita dictamen por perito designado por el Tribunal.

Además, continua el artículo 335, al emitir el dictamen, el perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y que actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Según este artículo, existen dos momentos para presentar la prueba pericial:

1) con la demanda o la contestación a la demanda, en el que se contempla que las partes podrán aportar al proceso el informe del perito.

2) con la demanda o contestación solicitar que se emita dictamen por perito designado por el Tribunal.

1) La principal novedad de la LEC del 2000 respecto de la anterior es que se permite, ya con la demanda o contestación a la demanda la presentación de un informe pericial de parte favorable a los intereses de cada parte y pagado por esa parte, es decir informes periciales elaborados por peritos designados por ellos mismos. Este hecho ha suscitado polémica ya que, por un lado, se cuestiona que quede garantizada, la imparcialidad del experto, imprescindible para que éste pueda ejercer su labor de auxiliar al juez con las garantías necesarias y por otro, se fomenta la desigualdad entre las partes debido a que según su situación económica podrán hacer frente o no al pago de los honorarios del perito privado necesario para la defensa de sus intereses. Para proteger en cierta medida, aunque no en su totalidad, la imparcialidad de los peritos a instancia de parte, la LEC recoge unos supuestos de tacha de peritos en caso de que hubiera sospecha de no quedar protegida la imparcialidad necesaria y en su artículo 343 determina que sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente pero que los peritos no recusables, es decir, los peritos a instancia de parte, podrán ser objeto de tacha cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.

2.º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

3.º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.

4.º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.

5.º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional.

También concreta el momento para la presentación de las tachas que no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio.

Prosiguiendo con los informes periciales a instancia de parte la LEC, además de exigir que se presentarán por escrito acompañados de los documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito, determina que si al demandante no le fuera posible aportar con la demanda el informe pericial de parte por el perito designado por él deberá justificar cumplidamente la imposibilidad de este hecho, si así fuera se deberá expresar en la demanda o en la contestación que se van a presentar dictámenes periciales para su defensa. Estos deberán aportarse en todo caso, antes de iniciarse la audiencia previa en el caso del juicio ordinario o, en el caso del juicio verbal, antes de la vista.

La ley contempla una tercera posibilidad de presentación del informe pericial a instancia de parte, en el caso de que como consecuencia de las alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o a raíz de hechos acontecidos con posterioridad a la demanda o contestación, se ponga de manifiesto la necesidad de un informe pericial. En este caso, el límite que pone la ley para presentar los informes periciales y dar traslado a las partes es de 5 días antes de la celebración del juicio o vista.

2) Siguiendo con la segunda posibilidad, es decir con la solicitud de designación de peritos por el Tribunal, se contemplan dos posibilidades. La primera que una de las partes o ambas fueran titulares de justicia gratuita . En este caso no tendrán que aportar con la demanda o la contestación el informe pericial ya que eso implica el pago del mismo y por tanto, una desigualdad en función de la situación económica. La ley protege de esta manera esta posible desigualdad y en el caso de ser beneficiario de justicia gratuita bastará con que en la demanda o en la contestación las partes anuncien que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo establecido en la ley de asistencia jurídica gratuita.

También es posible esta vía, aún en el caso de que la parte no sea titular de justicia gratuita y seguirá el mismo proceso, se solicitarán en sus escritos iniciales que se proceda a la designación judicial de perito.

El perito por designación judicial será a costa de quien lo haya pedido sin perjuicio de lo que se acuerde posteriormente en materia de costas, a excepción de los beneficiarios de Asistencia Jurídica Gratuita cuya ley de Justicia Gratuita exige con carácter previo a la realización de la pericia una previsión del coste de la prueba y su traslado a la correspondiente Gerencia del Ministerio de Justicia para su aprobación que será quien pague al perito finalmente si en costas se acuerda que el abono del informe procederá de la parte beneficiaria de Justicia Gratuita. Esto termina siendo un trastorno para el perito dado que el tiempo de cobro de su informe se puede alargar mucho más de lo previsto y deseado, dependiendo de las partidas presupuestarias.

Para que la prueba pericial sea admitida, deberá ser necesaria para el Juez, por tanto si el juez ya tuviera esos conocimientos técnicos especializados, no será necesaria la prueba pericial y en consecuencia, no la admitirá.

La ley prevé que si han sido las dos partes las que hubiesen pedido inicialmente la designación de perito, el Tribunal podrá designar, siempre que estuvieran las partes de acuerdo un solo perito que emita el informe facilitando así el pago dado que cada parte pagaría la mitad. Además el Tribunal contempla la posibilidad de que si ambas partes que han solicitado el perito estuviesen de acuerdo en que el dictamen lo emitiese un perito o una entidad determinada así será acordado por parte del Tribunal.

En el caso de que no hubiera acuerdo entre las partes existe un procedimiento para la designación judicial del perito que consiste en que cada mes de enero los juzgados decanos pedirán a los colegios profesionales o entidades similares, academias e instituciones culturales y científicas el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación que se realice será por sorteo en presencia del Secretario Judicial y a partir de ese momento se seguirá un orden correlativo.*

En el supuesto de que se tuviera que designar un perito cuya actividad no tuviera título oficial la ley exige que las asociaciones o entidades que hayan mandado el listado al juzgado tengan como mínimo cinco personas inscritas aunque si por razón de la singularidad sólo hubiera una persona se pedirá a las partes su consentimiento y si todas estuvieran de acuerdo se procederá a la designación de perito a esa persona. Como se deduce de esta circunstancia, no es necesario título oficial de los peritos aunque se da preferencia. Además la LEC posibilita que se solicite el dictamen pericial tanto a personas físicas como jurídicas como lo declara en su artículos 340.2.

Una vez que la partes han solicitado un perito judicial y ya se ha designado uno, habrá un plazo de cinco días para comunicárselo al perito, requiriéndole a si vez, que tiene un plazo de otros cinco días para que manifieste si acepta o no el cargo. Si no lo aceptara alegando alguna causa justa y el Tribunal la aceptara será sustituido por el siguiente en la lista y así sucesivamente.

Por el contrario si aceptara el cargo podrá solicitar a los tres días siguientes a su nombramiento la provisión de fondos que estime oportuna y que será a cuenta de la liquidación final. Si el Tribunal, mediante providencia aceptara la provisión, ordenará a la parte que haya propuesto la prueba pericial y que no tenga derecho a justicia gratuita, ya que en este caso el perito no podrá cobrar la provisión de fondos, que proceda a abonar dicha cantidad en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Tribunal en le plazo de cinco días. Si en ese plazo la parte no hubiese ingresado la cantidad pedida por el perito y aceptada por el Tribunal como provisión de fondos, el perito quedará eximido de emitir dictamen y además no se podrá proceder a una nueva designación, es decir la parte solicitante se quedará sin la posibilidad de un informe pericial.

Así como en los peritos a instancia de parte existe la posibilidad de la tacha, en el caso de los peritos designados judicialmente se contempla la opción de la recusación. La finalidad tanto de la tacha como de la recusación es que el dictamen pericial sea lo más objetivo posible y es con el fin de garantizar la imparcialidad de los peritos que la nueva LEC contempla la tacha para los peritos de parte (art. 342 y 344 LEC) expuestos anteriormente y la recusación para los peritos designados judicialmente (arts. 124 al 128)´. En este segundo caso la LECr para el procedimiento penal, también regula en sus artículos 467 a 470, la recusación, concretamente en su artículo 468 expone las 3 causas de recusación que son:

1) el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo.

2) El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.

3) La amistad íntima o la enemistad manifiesta.

Volviendo a la LEC, para el ámbito civil, en su artículo 124 prevé tres causas de recusación, , para los peritos, además de las previstas en la LOPJ en su artículo 219 y son:

1) Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.

2) Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo

3) Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.

Además de la tacha para los peritos a instancia de parte y de la recusación para los peritos designados judicialmente la LEC como medida garantista de la imparcialidad del perito, contempla también, en su artículo 105, el deber de abstención del perito designado judicialmente por el órgano jurisdiccional si concurren los casos previsto en la ley.

En todos los casos se exige a los peritos juramente o promesa de una actuación objetiva e imparcial y respecto de todos ellos se contiene en esta ley disposiciones encaminadas a someter sus dictámenes a explicación, aclaración y complemento.

Como ya se ha expuesto hasta el momento, el principal derecho del perito es el de cobrar sus honorarios por la elaboración de su informe y la LEC, resolviendo la situación de la antigua ley, concreta y especifica quién deberá abonar los honorarios del perito designado por el Juez,

garantizado el cobro con la posibilidad de la exigencia de la provisión de fondos.

En cuanto a los deberes del perito se encuentran principalmente el de la elaboración por escrito del dictamen correspondiente y el de la presentación del mismo en la forma y fechas previstas, aplicando para ello sus conocimientos especializados para el caso concreto.

Además tendrá el deber de prestar juramento o promesa de decir verdad y de actuar con la mayor objetividad posible.

No siempre será necesario ratificar posteriormente el dictamen pericial presentado quedando al criterio del órgano judicial, ya que como se contempla en el artículo 346, una vez presentado el informe por el perito designado por el Tribunal, se dará traslado a las partes y si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista, a los efectos de aclarar o explicar lo que sea oportuno, el Tribunal podrá acordar mediante providencia la necesidad de la presencia del perito en el juicio.

En este caso, el perito estará obligado a comparecer en el día señalado para la celebración del acto del juicio en el Procedimiento Ordinario o a la vista en el Juicio Verbal a excepción de que manifieste o acredite encontrarse en situación de imposibilidad, por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, como lo contempla la LEC en su artículo183.

En el caso de que finalmente, se acordara la comparecencia del perito en el juicio o vista, se prevé que las partes podrán pedir al perito que exponga completamente su dictamen, que explique algún punto del dictamen, que responda a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen, que responda a solicitudes de ampliación a otros puntos conexos y se contempla también la posibilidad de que se amplíe el informe por parte del perito dentro de un plazo y crítica al dictamen del perito por la parte contraria. El Tribunal también podrá preguntar a los peritos y requerir explicaciones pero sin poder acordar de oficio su ampliación, salvo que se trate de peritos designados de oficio como es el caso de peritaciones en materia de declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.

Por último, es preciso tener en cuenta el hecho de que el perito judicial puede incurrir tanto en responsabilidad civil, como sería en los casos de posibles daños por falta de la diligencia exigible en su peritación (error manifiesto en el informe, pérdida del objeto de examen…) como penal, como en los casos de cohecho (419, 421 y 422 del CP).

 

Helena Huarte.

 

II) LA PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EL INFORME Y SU DEFENSA

Como ya se ha expuesto la prueba pericial en general en los procedimientos civil y penal, en el monográfico titulado “la prueba pericial en el procedimiento judicial“, haremos un breve resumen en lo referente al procedimiento civil, ya que en el penal el juez llama a los peritos facultativos de las distintas policías o Guardia Civil y la pericial caligráfica de parte tiene lugar cuando el abogado defensor del acusado al que le imputan una determinada escritura quiere hacer otro informe que lo desmienta o por lo menos haga cuestionar al juez la veracidad del anterior.

Como regla general decir que habitualmente los jueces consideran más imparcial el informe de los facultativos de la policía o Guardia Civil pero también dependerá de la habilidad que tenga el perito de parte para hacer un informe coherente, minucioso, bien elaborado y expuesto en la sala.

Ej: St Olot

En el proceso civil hay dos maneras de incorporar el informe pericial :

1) incorporándolo ya en la demanda o contestación a la demanda, siendo éste realizado por un perito de parte, pagado por la parte solicitante.

2) Solicitando en la demanda o contestación que se proceda a la elección judicial de perito.

Este caso se aplica para quien tenga concedido el beneficio de Justicia Gratuita pero está abierto también a todos los demás

El perito designado pedirá una provisión de fondos y pagará el informe la parte que lo haya pedido sin perjuicio de los que se acuerde posteriormente en costas.

Para ello los Juzgado Decanos tienen unas listas de distintos peritos que están dispuestos a realizar periciales judiciales, enviadas cada mes de enero por los distintos colegios, academias o instituciones culturales o científicas. La primera designación de cada lista se realizará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial y a partir de ahí, se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.

Centrándonos ahora en la prueba pericial caligráfica la LEC dedica los artículos 349 al cotejo de letras, el 350 a determinar cuales pueden ser documentos indubitados y el cuerpo de escritura, y el 351 a la producción y valor del dictamen sobre el cotejo de letras.

La LEC concreta claramente cuándo y sobre qué tipo de documento se debe realizar por el perito el cotejo de letras y es cuando la autenticidad de un documento privado se niegue o se ponga en duda por la parte a quien perjudique.

Pero también es posible realizar cotejo de letras en documentos públicos cuando se niegue o se discuta su autenticidad y además carezca de matriz y de copias fehacientes, según lo dispuesto en el artículo 1221 del CC, siempre que el referido documento no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiere expedido o por quien aparezca como fedatario interviniente.

El procedimiento de designación del perito calígrafo por el juzgado será el mismo que para el resto de pruebas periciales y se remite a los artículos 341 y 342.

A continuación la Ley enumera una serie de documentos que se considerarán indubitados. En principio la parte que solicite el cotejo de letras será la que designe el documento o documentos indubitados con que se hará el cotejo.

Se consideran documentos indubitados:

1) Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba pericial.

2)Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al Documento Nacional de Identidad.

3)Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa.

4) El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique.

A falta de estos documentos indubitados la ley preve que se pueda requerir a la parte a la que se atribuye el documento impugnado o dubitado a instancia de la parte contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el Tribunal o el Secretario Judicial.

Es importante el hecho de que la ley declare que si el requerido se negase el documento impugnado se considerará reconocido.

Para finalizar, en el caso en que no hubiera documentos indubitados y fuese imposible la realización del cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia, el tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de la san crítica.

Exige al perito calígrafo la LEC que consigne por escrito las operaciones de comprobación y sus resultados y el Tribunal podrá acordar necesaria la presencia del perito en juicio o vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.

Entrando ahora a analizar el informe pericial hay que constatar que únicamente la LECr en su artículo 478, regula el informe pericial y exige que contenga unas partes. Por un lado deberá contener la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle. En segundo lugar, deberá constar de una relación detallada de todas las operaciones practicada por los peritos y de sus resultados y en tercer lugar se tendrá que llegar a unas conclusiones.

Partiendo de esta base que propone la LECr, en el caso de las pruebas periciales caligráficas el informe deberá constar de:

A) PRÓRROGO

1) Un encabezamiento.-

En el que se identifique el perito (nombre, apellidos, títulos…), se concrete quién ha encargado el informe y qué es exactamente lo que se le encarga, mejor si nos facilita el juzgado lo que ha pedido el abogado exactamente para ponerlo de forma literal. Por otro lado, habrá que exponer qué persona hace la prueba de toma de muestras. Finalmente se firma y acepta en encargo.

2) Descripción detallada de los documentos, tanto los dubitados como los indubitados, también se reproducen en el informe.

3) Juicio de idoneidad de los documentos, si no lo fueran habrá que solucionarlo.

4) opcionalmente podemos describir el instrumental utilizado (material optico, lumínico, medidores, disolvente, softwars…)

B) CONSIDERACIONES PREVIAS

Hacer ver que de entrada se observan grandes diferencias o excesiva semejanza pero con gran lentitud…, es decir lo que nos llame la atención a priori, y a partir de ahí, utilizar una metodología que según el presupuesto de partida será la que sigamos en nuestros análisis siendo coherentes.

C) ESTUDIO

Se hace una análisis exhaustivo y por partes del documento dubitado y de los indubitados y posteriormente se procede al cotejo de ambos documentos en los géneros más significativos y con numerosas ilustraciones señalando lo que queramos hacer ver.

D) CONCLUSIÓN

La conclusión o conclusiones debe ser breve, clara y concisa.

Será afirmativa, negativa y en los casos en los que no es posible llegar a una conclusión fiable habrá que ponerlo.

Hay que huir siempre de los tantos por cientos de fiabilidad y tener en cuenta que no todas las coincidencias tienen la misma relevancia pericial y no por mayor número de coincidencias que pueden ser coincidencias que no se salen de la norma y las tienen la mayor parte de la población, se puede atribuir un documento a una persona mientras existan diferencias, aunque sean en menor número que las coincidencias, que no se pueden explicar. No se deberá mezclar en los informes periciales judiciales conceptos sobre grafología .

Es importante que el informe siga un método desde el principio hasta el final con rigor y resulte convincente, realizado de un modo que se entienda, no cayendo demasiado en el tecnicismo, siendo didáctico con numerosos imágenes que aclaren las cuestiones más dudosas. No hay que olvidar que el objeto del informe es el de asesorar al abogado y sobretodo al juez que no posee esos conocimientos técnicos pero que quiere llegar a la verdad.

Los métodos de análisis más habituales en la pericia caligráfica suele ser el método grafonómico que es el que realiza el estudio analítico del gesto gráfico con fines identificativos. Para ello se establecen unas categorías de géneros: orden, forma, tamaño, inclinación, dirección, velocidad, presión y cohesión y se van analizando, según Val Latierro ”tiene que tratarse de un caso particularmente difícil o tener insuficientes elementos de cotejo, para que el análisis comparativo así realizado no nos conduzca a una fuerte convicción de autenticidad o falsedad. Si así ocurriera, se acudiría cuando fuera posible al análisis grafométrico”.

Locard en los años cuarenta recopiló y verificó todos los antecedentes y experiencias que había sobre el método grafométrico hasta el momento y declaró que este método, que es muy complejo, tiene por objeto descubrir en las falsificaciones por imitación y por disimulación las características cuantitativas proporcionales que definen un escrito y que el falsario no modifica porque no son aparentes. Las medidas deben ser expresadas en décimas de milímetro y se pueden hacer ampliaciones para facilitar la labor. El principio general del método es medir en los textos auténticos una serie de dimensiones del mismo orden y representarlas por una curva. Luego hacer otras mediciones y curva en el texto dudoso y superponer las curvas, la concordancia u homología de los gráficos marcará la identidad de origen de los textos aunque haya diferencias en sus formas, su discordancia revelará que los textos han sido realizados por personas diferentes aunque la forma sea semejante.

Para poder realizar con fiabilidad este método es necesario tener una gran cantidad de muestra para medir, tanto de documento dubitado como indubitado y en la práctica esto no suele ocurrir. En el caso de las firmas o en casos de calco, este método no resulta fiable.

El perito calígrafo en nuestros días es un experto en detección de todo tipo de falsedades documentales por lo que además de lo propio de la pericia caligráfica (análisis firmas, anónimos, testamentos ológrafos, autenticidad o falsedad de documentos, mediante el método grafonómico o en ocasiones grafométrico…) debe poseer los conocimientos suficientes sobre documentoscopia para asuntos como detección y datación de distintas tintas, superposición y cruzamientos de trazos, máquinas de escribir, impresoras, sellos, análisis de textos hechos en una unidad de acto o en varios, posibilidad de firma en blanco, alteraciones documentales por medios físicos, como borrados o raspados, en cuyo caso será interesante observar el documento mediante transparencia para detectar una menor opacidad del papel y utilizar luz rasante en la zona para ver la pérdida de satinado, levantamiento de las fibras y corrimientos de tintas y también utilizar la radiación infrarroja que permite ver las grafías suprimidas, en las alteraciones por lavados con productos químicos la técnica más acertada es la observación con rayos ultravioleta. En casos de intercalados o añadidos se pueden realizar mediciones entre letras y palabra para detectar las discrepancias y radiaciones infrarojas para detectar la fluorescencia de las tintas y si los añadidos fueran de tintas distintas al orginal tendrán un espectro completamente distinto, también existen otros análisis pero implican deterioro del original y hay que evitarlos en la medida de lo posible como cromatografías y microfotometrías que sólo se pueden realizar con autorización judicial. En los casos de enmiendas y retoques la técnica es la observación al microscopio de las tonalidades de las tintas para ver también si hay indicios de borrados y el examen bajo radiaciones infrarojas. Por último, en los supuestos de tachaduras, si la tachadura se ha hecho con tinta distinta a lo que hay bajo ella, serán de utilidad los rayos infrarojos para revelar el texto oculto. A estos análisis es conveniente hacer fotografías par incorporarlas al informe y sea una prueba objetiva, evidente y fiable.

Como se desprende de lo expuesto anteriormente el perito calígrafo.documentólogo, está obligado a ponerse al día en cuanto a los nuevos métodos de falsificación y alteración en general de los documentos y deberá poseer un laboratorio con unos mínimos instrumentos tanto ópticos como lumínicos (UV, infrarojo), sofwars…para poder realizar las comprobaciones necesarias para cada caso concreto.

Una vez analizadas las partes necesarias del informe pericial caligráfico y los métodos más habituales de análisis, así como los posibles casos de documentoscopia, si el Tribunal ha acordado necesaria la presencia del perito en juicio o vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado, éste deberá comparecer el día indicado con el informe aprendido. Como concreta la LEC en su artículo 347, las partes y sus defensores podrán pedir al perito que exponga completamente su dictamen, que explique algún punto del dictamen, que responda a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen, que responda a solicitudes de ampliación a otros puntos conexos y se contempla también la posibilidad de que se amplíe el informe por parte del perito dentro de un plazo y crítica al dictamen del perito por la parte contraria. El Tribunal también podrá preguntar a los peritos y requerir explicaciones pero sin poder acordar de oficio su ampliación, salvo que se trate de peritos designados de oficio como es el caso de peritaciones en materia de declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.

El perito en la comparecencia judicial deberá exponer los puntos que se le pidan con claridad y con rigor desarrollando una capacidad de convicción y manteniendo en todo caso una actitud de humildad y de respeto al órgano jurisdiccional, difícil de mantener en algunos casos en los que los abogados a los que no favorece el informe pericial realizado, mantienen una continua actitud provocadora y de menosprecio al trabajo realizado por el perito.

Por otro lado el perito y dado que actúa de asesor judicial estando en un ambiente protocolario y serio deberá cuidar su indumentaria evitando indumentaria excesivamente chillona o exagerada; también será conveniente cuidar la manera de hablar evitando expresiones juveniles, coletillas o tacos y mirar al interlocutor de forma abierta y sincera.

Puede ser interesante llevar medios técnicos que hagan más fácil de entender la demostración del informe, facilitando la visión de toda la sala, como transparencias, proyectores o pizarras.

 

 

 Helena Huarte.

 

B) GRAFOLOGÍA